Nacionalidad española por residencia

La ciudadanía española por residencia es una de las diferentes formas de conseguir la nacionalidad en el país. Es la que se concede por el simple hecho de haber vivido legalmente en España durante tiempo suficiente. A diferencia de otros procedimientos de nacionalidad, este tipo específico es el más fácil de obtener.

La adquisición de la nacionalidad por residencia se produce por concesión del Ministerio de Justicia, que si concurren los plazos de residencia establecidos en el Art. 22 del Código Civil, sólo podrá denegarla por motivos razonados de orden público e interés nacional (art. 21.2 CC).

Plazos de residencia para obtener la nacionalidad española

Los plazos de residencia, conforme al art. 22 CC, son los siguientes:

a) Como regla general, diez años.

b) Cinco años para los que hayan obtenido asilo o refugio.

c) Dos años cuando se trata de nacionales de origen de países iberoamericanos, Francia, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes.

d) Un año cuando se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

  1. Que haya nacido en territorio español.
  2. Que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar.
  3. Que haya estado sujeto legalmente a tutela, guarda o acogimiento de ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en el momento de la solicitud.
  4. Que al tiempo de la solicitud llevare un año casado con español o española y no estuviere separado legalmente o de hecho. Se entiende que tiene residencia legal en España el cónyuge que conviva con funcionario diplomático o consular español acreditado en el extranjero (art. 22.3 CC).
  5. Viudo o viuda de española o español, si a la muerte del cónyuge no existiera separación legal o de hecho.
  6. Nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles.

En todos los casos, el art. 22.3 CC exige que la residencia sea legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición.

Finalmente, también se impone el deber de justificar buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española.

Buena conducta cívica y arraigo en la sociedad española

La buena conducta cívica se vincula a los antecedentes penales (art. 220.3º RCC).

En cuanto al arraigo en la sociedad española, el art. 220.5º RCC mencionaba el hablar el solicitante castellano u otra lengua española, así como cualquier otra circunstancia de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles.

Ante la desigual práctica seguida por los encargados de los RC, con el fin de garantizar la uniformidad y el trato semejante en la valoración de esta circunstancia, la DF 7 Ley 19/2015 prevé que la acreditación del suficiente grado de integración en la sociedad española requiere la superación de dos pruebas:

  1. DELE A2: Se trata de un examen para la obtención de un diploma español como lengua extranjera DELE de nivel A2 o superior (se exime a nacionales de países o territorios en que el español sea el idioma oficial).
  2. Prueba de Conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE): Estamos hablando de una prueba de conocimientos de la CE y la realidad social y cultural españolas (se exime a menores de dieciocho años y personas con capacidad modificada judicialmente).

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