EL DERECHO A LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL EN ESPAÑA: ASILO, REFUGIO Y PROTECCIÓN SUBSIDIARIA

1. Regulación actual

Actualmente, el derecho a la protección internacional se regula por la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, la cual establece las condiciones de protección internacional en las que personas originarias de terceros países y apátridas podrán gozar en España.

2. Conceptos

El derecho de asilo es reconocido en el Art. 13.4 de la Constitución Española, tratándose de la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se les reconozca la condición de refugiado en los términos establecidos en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951 y su Protocolo.

La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión, denegación o revocación establecidas en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria.

Cabe destacar que la condición de refugiado se ha ido ampliando con el paso del tiempo para englobar otras circunstancias no contenidas en los textos anteriores, en los que se genera una huida masiva de personas debido a guerras o desastres naturales.

El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria, y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no exista alguna de las causas de exclusión o denegación establecidas en la mencionada Ley.

La protección concedida con el derecho de asilo y la protección subsidiaria consiste en la no devolución ni expulsión de las personas a quienes se les haya reconocido, así como en la adopción de las medidas contempladas en la normativa española, la de la Unión Europea y en los Convenios internacionales ratificados por España.

3. Solicitud del reconocimiento de la protección internacional

3.1. Momentos en los que presentar la solicitud

El procedimiento se inicia con la presentación de la solicitud, la cual se puede hacer en los siguientes 3 momentos:

a) Si el extranjero llega a España y no puede entrar en territorio español, se solicitará en el puesto fronterizo.

b) En caso de que el extranjero ya esté en España, deberá de realizarse en el plazo de un mes desde la entrada en España, o bien, desde que se produzcan los acontecimientos en que se justifique la solicitud. En este supuesto la solicitud se realizará ante la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), cualquier Oficina de Extranjería, Comisaría de Policía autorizada, o Centros de Internamiento de Extranjeros.

c) Excepcionalmente, dicha solicitud se realizará en el extranjero, lo cual deberá de realizarse ante las Embajadas y Consulados de España, siempre y cuando el solicitante no sea nacional del país en que se encuentre la Representación y corra peligro su integridad física.

3.2. Derechos y condiciones de acogida de los solicitantes de protección internacional

Los solicitantes de protección internacional se benefician, entre otros, de los siguientes derechos:

a) a ser documentado como solicitante de protección internacional;

b) a la asistencia jurídica gratuita e intérprete;

c) a que se comunique su solicitud al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), quien podrá informarse de la situación de los expedientes y presentar informes para su inclusión en el expediente;

d) a la suspensión de cualquier proceso de devolución, expulsión o extradición que pudiera afectarle;

e) a la atención sanitaria y acceso a los servicios sociales y de acogida necesarios con la finalidad de asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad.

4. Tramitación y resoluciones

La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) es el órgano colegiado adscrito al Ministerio del Interior, compuesto por un representante de cada uno de los Ministerios con competencia en política exterior e interior, justicia, inmigración, acogida de los solicitantes de asilo e igualdad y por representantes de ACNUR. Este órgano es el encargado de formular propuesta de resolución al Ministro del Interior, quien será finalmente el competente de resolver.

El Ministro del Interior, a propuesta de la OAR, podrá no admitir a trámite las solicitudes cuando concurra alguna de las circunstancias de denegación, debiendo tal resolución estar debidamente motivada.

En caso de ser admitida a trámite la solicitud, el órgano competente para su tramitación es la OAR que, una vez finalizada la instrucción de los expedientes, los elevará a la CIAR.

4.1. Resolución favorable: Concesión de la protección internacional

La concesión por parte del Ministerio del Interior del derecho de asilo o protección subsidiaria implicará el reconocimiento de los derechos establecidos en la Convención de Ginebra de 1951, en la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración, así como en la normativa de la Unión Europea, que incluyen, entre otros:

  1. la protección contra la devolución;
  2. la autorización de residencia y trabajo permanente, en los términos que establece la Ley Orgánica 4/2000;
  3. la expedición de documentos de identidad y viaje;
  4. el acceso a los servicios públicos de empleo;
  5. el acceso a la educación, a la asistencia sanitaria, a la vivienda, a la asistencia social y servicios sociales, a los derechos reconocidos por la legislación aplicable a las personas víctimas de violencia de género, en su caso, a la seguridad social y a los programas de integración, en las mismas condiciones que los españoles;
  6. la libertad de circulación;
  7. el mantenimiento de la unidad familiar, a través del derecho de extensión del asilo o la protección subsidiaria a los familiares del beneficiario.

4.2. Cese, revocación y denegación

4.2.1. Cese

El cese del estatuto de refugiado se producirá por alguna de las causas enumeradas en el artículo 42, entre éstas:

  1. expresamente así lo soliciten;
  2. se hayan acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su nacionalidad;
  3. habiendo perdido su nacionalidad, la hayan recobrado voluntariamente;
  4. hayan adquirido una nueva nacionalidad y disfruten de la protección del país de su nueva nacionalidad;
  5. se hayan establecido, de nuevo, voluntariamente, en el país que habían abandonado, o fuera del cual habían permanecido, por temor a ser perseguidos;
  6. hayan abandonado el territorio español y fijado su residencia en otro país;
  7. no puedan continuar negándose a la protección del país de su nacionalidad por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fueron reconocidos como refugiados; el Estado español tendrá en cuenta si el cambio de circunstancias es lo suficientemente significativo, sin ser de carácter temporal, como para dejar de considerar fundados los temores del refugiado a ser perseguido;
  8. no teniendo nacionalidad, puedan regresar al país de su anterior residencia habitual por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fueron reconocidos como refugiados.

4.2.2. Revocación

Por otro lado, se procederá a la revocación del estatuto de refugiado o del estatuto de protección subsidiaria, en los términos establecidos en el artículo 44, cuando, entre otros:

  1. la persona beneficiaria haya tergiversado u omitido hechos, incluido el uso de documentos falsos, que fueron decisivos para la concesión del estatuto de refugiado o de protección subsidiaria;
  2. la persona beneficiaria constituya, por razones fundadas, un peligro para la seguridad de España, o que, habiendo sido condenada por sentencia firme por delito grave, constituya una amenaza para la comunidad.

4.2.3. Denegación

La no admisión a trámite o la denegación de las solicitudes de protección internacional implicarán, salvo supuestos excepcionales y según corresponda: el retorno, la devolución, la expulsión, la salida obligatoria del territorio español o el traslado al territorio del Estado responsable del examen de la solicitud de asilo del extranjero (artículo 37).

Todas las resoluciones del Ministerio del Interior pondrán fin a la vía administrativa, y serán susceptibles de recurso de reposición con carácter potestativo y de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

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